La universidad madrileña que lleva el nombre del rey emérito la levantó el pepé para tener a mano una institución académica superior que le proveyera de cuadros para su administración y sirviera de yacimiento de empleos para los enchufados de sus redes clientelares. Fue una iniciativa que replicaba a la universidad carlos tercero, fundada por el pesoe, quizá con el mismo propósito. Es esta universidad la que ha otorgado a la presidenta de la comunidad de Madrid un título ful de máster en administración autonómica. Es un postgrado dirigido a cuadros políticos sin valor alguno en la economía productiva, destinado a aumentar las plumas del pavo real y sin más función que abrir paso hacia el doctorado como vía para consolidar una carrera académica que previsiblemente habrá de tener lugar en la misma universidad. Endogamia y corrupción, dos rasgos de la universidad española, que ejemplifica el caso de doña Cifuentes, debatido en el parlamento regional.
Un cónclave de diputados no es un foro para descubrir la verdad sino un teatrillo para escenificar la correlación de fuerzas. Para un espectador ajeno al juego constituye un espectáculo insoportable. La interpelada subió a la tribuna, resuelta y engallada, goebbelsiana en la convicción de que una mentira largamente repetida y firmemente enunciada se convierte en verdad. El aliento de los aplausos de su banda le convenció de que iba por buen camino. La oposición hizo su trabajo como siempre, con más ganas que fuerza, sin información propia, con argumentos generalistas y retórica de segunda mano. El portavoz socialista estuvo profesoral y augusto. La portavoz podemita imitó malamente el discurso escrito por Shakespeare para Marco Antonio en Julio César. El ciudadano, socio político de la interpelada, sugirió prolongar la cocción del caso en una comisión de investigación posterior que, si se celebra, repetirá con más actores la misma ceremonia de la confusión. El hecho cierto y real es que la sociedad española –madrileña en este caso- y las instituciones que la representan no son capaces de identificar un episodio de corrupción, adoptar una postura decente ante los hechos y aplicar una sanción congrua.
La cara de cemento de la interpelada y el batir de palmas del coro que la flanquea consiguen trasladar el marrón a la universidad que emitió el título, vale decir, a la servidumbre de la casa. Sí, la interpelada se matriculó tres meses después de que el curso hubiera comenzado pero es una práctica habitual cuando el cupo de matrícula no se completa al principio. No, no acudió a clase a pesar de que era un programa presencial porque es normal que el alumno pacte con el profesorado las condiciones de su participación. Sí, el documento probatorio de que la aludida ha realizado el curso carece de sellos y acreditaciones y las firmas de las profesoras miembros del tribunal están falsificadas, pero así lo expidió la universidad. No, el trabajo de fin de máster no aparece pero debe estar en los archivos de la universidad porque la alumna lo ha perdido en una de las innumerables mudanzas de casa y de despacho -gajes de trepadora- que ha realizado estos años. En resumen, el título de doña Cifuentes es real y legal. Alto y claro. Los aplausos atruenan en el parlamento como el anuncio de la lluvia después del bochorno. El espectador desea que el edificio entero se venga abajo, pero cuando abre los ojos ahí están todos, tan ternes.