En la decisión judicial de conceder la libertad condicional a los miembros de La manada no se alude a la protección y la seguridad de la víctima, que es precisamente el argumento, y el temor, central de las mujeres para las que denunciar los delitos sexuales de que son objeto constituye un verdadero calvario, desde la fase probatoria en dependencias policiales y forenses hasta la vista oral en el que han de superar con buen ánimo la carga de prejuicios machistas, ya sean contenidos en las argumentaciones de las defensas profesionales de sus violadores o los que están encastrados de fábrica en el código penal y en el aparato judicial y que, al menos hasta ahora, han venido encontrando cobertura en la opinión pública. Es quizá el rasgo histórico más relevante que ofrece el caso de La manada. Por primera vez, la sociedad aparece incondicionalmente a favor de los derechos de la víctima en un delito de violación. Un hecho revolucionario que, a todas luces, le cuesta entender a la justicia.
La manada libre. Nunca desde que tenemos memoria, la administración de justicia y sus alambicados procedimientos, tiempos demorados y resoluciones ininteligibles, habían chocado tan frontalmente con una opinión pública clara y unánime. Nunca un juicio penal había concernido a tanta gente; nunca un delito privado se había convertido en una afrenta pública. Nunca tres magistrados se habían confrontado con la opinión mayoritaria de una sociedad. El mantra dejad que la justicia haga su trabajo deja de tener valor cuando sus herramientas están melladas, por más que se usen con prudencia y probidad. En el clamor de la calle hay una demanda de justicia que la justicia no satisface. Dejemos aparte las salidas de tono que a veces se oyen en las manifestaciones callejeras o que navegan por las redes sociales porque son excrecencias inevitables en circunstancias de malestar masivo. Lo que se pide es un reconocimiento del delito congruente con los hechos y la correspondiente ejecución de la sentencia porque una víctima de la que ni siquiera se conoce su identidad (y que dure la protección de su intimidad) ha venido a representar a todas las innumerables víctimas de delitos contra la integridad de las mujeres, en el pasado, en el presente, y, si no se sutura esta herida, también en el futuro. La violación que tuvo lugar en esta ciudad hace dos años es el incidente que ha dado cuerpo a una revolución, que deberá afectar a la ley, a la moral y a las ideas reinantes en la sociedad. Nada será igual en este ámbito después de La manada.
Pero es también, y en primer término, un delito específico, realizado por personas que son sujetos de garantías procesales, que están siendo juzgados con arreglo a la concreta versión vigente del código penal por jueces ordinarios, obligados a aplicar la ley según su leal saber y entender. No puede decirse que el funcionamiento de los aparatos del estado tras la denuncia del delito fuera negligente o ineficaz. Los (presuntos) culpables fueron detenidos con rapidez y decretada su prisión provisional; la identidad de la víctima fue protegida y su relato de los hechos aceptado por el tribunal, y las condenas a los cincos acusados no fueron leves. Dicho lo cual, la resolución de esta primera fase del proceso registró dos aspectos que contrariaron a la opinión movilizada: la calificación del delito resuelta por la mayoría del tribunal e incongruente con el relato de los hechos probados y el voto particular de uno de los magistrados, que no quiso ver delito en los hechos juzgados. Falta saber si estos dos aspectos no estaban interrelacionados: el voto absolutorio de un juez condicionó la rebaja de la pena formulada por los otros dos. Y así se entró en la segunda fase de proceso, correspondiente a los recursos ante el tribunal supremo, y de nuevo se puso en marcha el parsimonioso reloj de la justicia.
Los acusados siguen en prisión preventiva mientras en la sociedad no amaina el debate. Se dilata sin plazo el término definitivo del proceso que aplaque la sed de justicia. Los hechos por los que han sido condenados los cinco de La manada son abyectos de cualquier modo que se juzguen. Es cosa probada que formaban un compacto grupo de predadores sexuales, con un objetivo que finalmente consiguieron en la noche de fiesta con la violación de la muchacha, y que hacían gala de ello en sus círculos de amigos. Muchachos jóvenes, fuertes y brutales, aculturizados, que exhibían hasta la caricatura el machismo imperante en la sociedad. Estas evidencias no han dejado de estar presentes en la conciencia del común cuando ha llegado el plazo de dos años de encarcelamiento al término del cual, normalmente, se revisa la prisión provisional y, en ese momento, el mismo tribunal que los condenó y los mantuvo en prisión resuelve su libertad. De nuevo, por una azarosa y mutante mayoría de dos a uno. Una vez más, cuesta entender los argumentos del tribunal, habida cuenta que la prisión preventiva podría haberse prorrogado dos años y medio más de acuerdo con la ley y con la pena que ya tienen impuesta. Las razones que aconsejan la salida de la cárcel son arbitrarias y conjeturales. La reiteración delictiva y el riesgo de fuga tanto pueden ser descartados como probables. La fianza tampoco es particularmente alta, y, aunque se tenga en cuenta la insolvencia económica de los acusados, lo cierto es que han tardado muy poco en reunirla. Los jueces favorables al levantamiento de la prisión se han inclinado por el principio in dubio pro reo. La víctima ha quedado fuera de estas consideraciones, y con ella los centenares de miles de mujeres y hombres que esperan justicia.