No es fácil que un espeso domingo de agosto dé la oportunidad de expandir el conocimiento pero hoy ha sido una excepción. Elisa Beni es una periodista formidable y, en su especialidad –los tribunales y el mundo de la judicatura- es de largo y sin competencia posible la mejor. Vehemente pasión por la verdad, buenas fuentes sobre el terreno y prosa clara y bien articulada hacen de sus columnas un material informativo ineludible. Esta mañana de agosto nos ha ilustrado sobre una noticia que, tal como se ha deslizado estos días por la actualidad, parecía una culebrilla de verano.
Algo creemos saber de lo ocurrido. Don Puigdemont y compañía presentan en Bélgica una demanda civil contra el magistrado don Llarena, que instruye en el supremo el caso contra los dirigentes del prusés, por algunas desenfadadas declaraciones extrajudiciales del magistrado (en la onda de ¡a por ellos!) en las que los demandantes entienden que el juez vulnera la imparcialidad debida y la presunción de inocencia de los acusados. La demanda parecía el enésimo episodio de Tom y Jerry entre el repetitivo don Puigdemont y el intrépido don Llarena, y así la tomaron los interesados cuando se produjo la demanda el pasado junio. Dos meses después, el juez belga la admite a trámite y fija fecha para la vista, y el magistrado intrépido pide amparo al consejo del poder judicial para que se proteja su independencia. En qué medida se veía ésta afectada es un misterio porque los demandantes están fugados y por ahora fuera del alcance de la justicia española, y lo que hagan no altera la marcha del proceso. Pero el juez español debe comparecer en Bruselas, o en su defecto su representación legal, y aquí es donde la periodista nos ilumina sobre un aspecto de la cuestión que pasa desapercibido. Los abogados del estado de España no pueden comparecer en representación del juez, lo que exige la contratación de un colegiado belga; por supuesto, con dinero público. De modo que el amparo no tenía otro objeto que trasladar al erario público los gastos procesales que ocasione la defensa del magistrado español, que de otro modo tendría que pagarlos de su bolsillo, por unas declaraciones extrajudiciales de las que es el único responsable. Léanlo en las palabras de Elisa Beni, que son más claras.
En algún momento del prusés, a don Rajoy y su gobierno se le fundieron los plomos, renunció a la pedagogía política y a la política propiamente dicha para, después de que el prusés hubiera agotado su recorrido en la nonata república, dejarlo en manos de los tribunales, que automáticamente crearon presos políticos, héroes en el exilio y demás imposturas que vienen demostrando su eficacia como nutrientes del independentismo y sus liturgias. La hiperventilada instrucción sumarial del magistrado don Llarena ha complicado el horizonte de una solución política y ha servido para que el sistema de justicia español dejara ver sus vergüenzas en el espacio judicial europeo. Ahora, además, tenemos que pagarle el abogado al juez.