Podría ser el título de una novela de tinte kafkiano. Nadie conoce su nombre de pila ni ha visto su rostro, y porta un apellido común, vulgar, que ni siquiera es suyo propio sino de su hermano, el gran hermano, y sin embargo este uomo qualunque es reo en uno de los episodios judiciales más publicitados del reino. El proceso empezó de la forma canónica que ya está acreditada en la literatura: Alguien debía haber hablado mal del hermano de Sánchez, puesto que, sin que hubiera hecho nada malo, una mañana lo llamaron ante el juez.
Tampoco se conoce la identidad de ese alguien que da comienzo a la historia denunciando al hermano de Sánchez porque se oculta tras un sindicato que se dice manos limpias, aunque podría ser igualmente conocido como manos negras o manos ensangrentadas porque el objetivo es llamar la atención y amedrentar a las víctimas sin quitarte el embozo de la cara. El alguien denunciante sugiere sin pruebas un centón de presuntos delitos contra la Hacienda pública y de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, y de este modo el hermano de Sánchez se convierte en el Landrú de la delincuencia administrativa. Nada complace más a la plebe que un juicio por delitos que no entiende, y los populistas de la coalición reaccionaria, dirigidos por gente perezosa pero ávida como tricoteuses al pie de la guillotina, se suman a la acusación.
A la jueza doña Beatriz Biedma le ha tocado la tarea de verificar los indicios de la denuncia en fase de instrucción, que constituye una parte del proceso muy animada y de gran relumbre porque implica requisitoria de documentos, mandato de registros, comparecencia de testigos, que si no tienen suerte pueden acabar imputados, resolución de recursos y otras diligencias de mucho estrépito publicitario. El juez justiciero lo es siempre en fase de instrucción. En el caso del hermano de Sánchez, la jueza ha concluido que los indicios de criminalidad existentes en la causa se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas y el puesto que el reo ocupaba en la provincia de Badajoz como coordinador de los conservatorios de música locales fue creado [por la autoridad política] para ser asignado a su persona.
La jueza no encuentra razones que justifiquen la funcionalidad de este cargo y puede sentirse legítimamente orgullosa porque si su dictamen se confirma en el juicio oral habrá descubierto y castigado el primer caso de enchufe en la administración pública en todos los regímenes políticos que se han sucedido en España desde la Restauración de Cánovas y Sagasta (Constitución de 1876). Si crear un puesto en la administración para que lo ocupe una determinada persona es delito, ya pueden ir buscando abogado don Tony Cantó y su vacua oficina de defensa del español en Madrid y el teniente general Francisco José Gan Pampols y su gaseosa vicepresidencia en el gobierno valenciano para la recuperación económica y social.
El hermano de Sánchez ha renunciado al cargo de sus sinsabores, si bien el abandono del despacho no detendrá el procedimiento judicial o, como dicen sus sañudos perseguidores, no se librará de la investigación de la jueza cuyas pesquisas ya se han acercado al palacio de la Moncloa, el cubil de la bestia, el centro de todo mal, donde cierto colaborador que ha intercambiado correos con el hermano de Sánchez al parecer trabajaba antes de ser contratado por la diputación de Badajoz. En las novelas kafkianas, el proceso no termina nunca. Ahí radica su encanto.