Crear uno, dos, tres Vietnam fue una célebre consigna de Ernesto Che Guevara. Un pequeño pueblo de campesinos mal armados que derrota al ejército más poderoso del mundo es un ejemplo magnético para quien aspira a transformar la realidad. Desgraciadamente, esta se rige por leyes insuficientemente conocidas y no siempre los desarrapados consiguen derrotar a los poderosos. Guevara lo experimentó de manera irreparable. El foco guerrillero operó en un territorio donde no se le esperaba y no se entendía su propósito por lo que quedó aislado y, por último, fue liquidado. La consigna del Che viene a mientes en cada gresca interna de nuestro bienamado gobierno en lo que parecen ecos del añoso dilema de la izquierda entre revolución y reforma.
Así está sucediendo en la azacaneada ley del solo sí es sí. Las podemitas aspiran a la revolución y están aisladas. La ocurrencia de buscar apoyos en las formaciones del llamado bloque de investidura para oponerse a la reforma de la ley propuesta por el pesoe puede acabar con el gobierno de izquierda, si se materializara, porque sería una moción de censura implícita por parte de las mismas fuerzas que lo invistieron. Si fue un error llevar la guerrilla a un país donde la izquierda sindical y política tenía una acreditada tradición, sería una deslealtad y una estupidez traerla a un país democrático donde la izquierda está en el gobierno. En esas estamos.
Las broncas intragubernamentales son materia ininteligible para el común. En el caso que nos ocupa es imposible distinguir qué oposición hay entre el consentimiento [a la relación sexual] y las penas derivadas en caso de que este no exista o se vea menoscabado de algún modo. El lector curioso que quiera hacerse una opinión sobre este alborotado asunto con las informaciones de los medios convencionales se encuentra con un cubileteo de años de cárcel, horquillas punitivas, tipos y subtipos delictivos, agravantes y atenuantes, pero ni una palabra para ponderar el peso judicial del consentimiento. El código penal argumenta a la contra y refiere lo que no se puede hacer porque es delito punible. La falta de consentimiento es lo que justifica la denuncia de agresión y la premisa para poner en marcha la instrucción del caso, aunque luego deberá ser probada porque el consentimiento es la coartada que esgrimen todos los acusados, tanto si son culpables como si no, y en esta prueba no puede descartarse la fuerza, la intimidación, la prevalencia del agresor, la indefensión de la víctima y demás circunstancias del caso. ¿Dónde está el problema?
Hablamos de justicia pero se trata de política. Los tres participantes en la partida creen tener sus bazas. Al pepé le han llovido del cielo unas reducciones de penas en cascada en las que nadie había pensado pero que tienen todos los ingredientes del sindiós que, un día sí y otro también, atribuye al gobierno socialcomunista. El pesoe intenta frenar la desafección que presuntamente la ley ha producido en sus caladeros de votos con una reforma que no tendrá ningún efecto visible en estos críticos próximos meses y que, más allá de gesto, no frenará las reducciones de pena por delitos cometidos antes de la promulgación de la reforma, en el caso de que se apruebe porque de lo contrario caerá el gobierno.
Ítem más, la declaración de la ministra socialista de justicia, doña Llop, queriendo aclarar que una herida basta para probar la violencia y la falta de consentimiento, revela la debilidad de la pretendida reforma. A su turno, unidaspodemos, incapaz de comprender los efectos de la ley que ha promovido, se entrega a la ensoñación de que la reforma del pesoe será pactada con el pepé y entonces se revelará la auténtica verdad de este asunto: todos son unos machistas que acosan a doña Irene Montero, y con estas credenciales los morados ganarán las elecciones por mayoría absolutísima, y colorín colorado este cuento se ha acabado.