La vida, como la electricidad y las mareas oceánicas, no tiene derechos. Son fenómenos de la naturaleza, no sujetos jurídicos. Así que el lema de la derecha para oponerse a la ley de interrupción voluntaria del embarazo –defendemos el derecho a la vida– es una consigna vacía. La cuestión es si el aborto es o no un hecho antijurídico. Si lo fuera, como lo ha sido en el pasado y aún lo es en determinadas legislaciones, significaría que su práctica entra en la jurisdicción del código penal o, dicho en claro, que la mujer que pasara por este trance y quienes le ayudaran en la acción irían a la cárcel. Es un argumento que ocultan los defensores del derecho a la vida, pero esa sería la consecuencia legal. El juez don Marchena puede encarcelar a un puñado de independentistas catalanes porque aún dispone de un amplio margen de acuerdo en la opinión pública pero ¿podría hacer lo mismo sin que le temblara el pulso con una mujer que ha interrumpido el embarazo? Es otra de las disquisiciones que tampoco se encuentra en el argumentario de la extrema derecha resuelta a tener agarrado por el pescuezo al volátil don Feijóo.
La batería de alternativas para defender el llamado derecho a la vida son de distinta gradación, moderadas y radicales. Las primeras son inútiles y las segundas son aterradoras y todas atentan directamente contra los derechos concretos de las mujeres concretas, convertidas por el derecho a la vida en meras herramientas reproductivas. Los moderados sugieren, sin entrar en detalles, medidas de disuasión blanda para la embarazada, que forzosamente han de comprender ayudas económicas del estado de las que nadie habla y un coste personal para la mujer, que significaría arrancarla de su entorno social y profesional, convirtiéndola en una paridora de Lebensborn nazi. El argumento blando se detiene en la hipótesis de que la mujer rechace estas ayudas, ¿qué hacer entonces?, ¿se suspende el derecho a la vida o se la sienta en el banquillo?
Las alternativas radicales empiezan en el famoso trámite obligatorio del latido del feto, puesto en cantares por el gallito don Gallardo y hoy programa oficial del partido voxiano. El trámite recuerda con bastante verosimilitud cómo se iniciaban los procesos inquisitoriales contra las mujeres acusadas de brujería, a las que los inquisidores mostraban los instrumentos de tortura antes de practicarla en sus cuerpos. Si la acusada reconocía en esa fase del expediente las imputaciones que se le hacían, estaba igualmente condenada pero se libraba de un sufrimiento adicional. Pero ¿qué ocurre si la acusada se muestra contumaz en su propósito de interrumpir el embarazo? Aquí, los radicales enmudecen como los moderados. Don Feijóo, un tipo que lleva décadas en la poltrona, detectó de inmediato las señales de peligro y se apresuró a dar por zanjada la cuestión del aborto apenas el tribunal competente declaró constitucional la ley de plazos de doña Bibiana Aído, pero topó con la iglesia.
No es casualidad que fuera el obispo don Munilla el primero que levantó la voz contra don Feijóo por acatar la sentencia del constitucional. La pastoral de la iglesia católica lleva décadas enfrascada en el monotema del sexo y sus variantes y consecuencias. Ahora ya sabemos por qué. La predicación eclesial sobre este asunto es el delirio de un neurótico atenazado por el celibato y que tiene sus propios recursos, estos sí, ilegales, para dar satisfacción al demonio de la entrepierna. La argumentación episcopal se remonta a los orígenes, mucho antes de que el feto tenga el tamaño de un guisante. Every sperm is sacred, como nos cuenta Monty Python en una coreografía descacharrante. Los curas prohibieron los preservativos, los anticonceptivos, la educación sexual en la escuela, y por ahí seguido. ¿Se imaginan cómo sería el mundo de don Munilla? Ni el más estúpido y fanático de los defensores del derecho a la vida querría vivir en él, pero fingen lo contrario. Todo, para echar a don Sánchez del gobierno. Acojonan, la verdad.
P. S. Don Feijóo ha encontrado la clave para resolver su embrollo y la ha formulado a su estilo: el aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley, y no voy a cambiar de opinión. Claro, como todos los derechos. Pero la afirmación implica que hay leyes que pueden negar ese derecho. Don Feijóo ha querido decir que acata la ley vigente, no que no vaya a cambiarla si puede, o si le obligan los suyos.