Pleitos tengas… Ahora que el gobierno anda, al parecer, enzarzado en los trámites para la exhumación de la momia de Franco del mausoleo de Cuelgamuros, para lo que ya cuenta con la oposición explícita y anunciada de la familia del dictador, en esta ciudad un juez ha dado la razón a los descendientes de Sanjurjo –otro golpista de vitola- para que los restos del generalote regresen al edificio llamado de los Caídos de donde fueron exhumados junto con los de su conmilitón Mola hace dos años. Últimamente, esta remota provincia subpirenaica se ha afamado por la irritante extravagancia de algunas resoluciones de los tribunales que tienen sede en el territorio y esta sentencia sobre el destino de los despojos del general golpista parece que quiera sumarse al despropósito en marcha. En todo caso, es un quebradero de cabeza para los servicios jurídicos del ayuntamiento, pues la exhumación se realizó con todas las cautelas legales y sin perturbación vecinal alguna. Fue una operación de higiene histórica y cívica plenamente aceptada. Pues bien, aquí tenemos a un juez que, a demanda de un particular, parece resuelto a alborotar el gallinero.
La argumentación de la sentencia sigue esa lógica implacable que desemboca en el delirio y contra la que ya nos previnieron los autores del teatro del absurdo. La exhumación se hizo en base a la ley de memoria histórica, pues bien, según el juez, esta norma ordena retirar las insignias y placas conmemorativas de la sublevación militar y la represión posterior, pero la condición de las personas allí enterradas no puede ser considerada como mención o símbolo del golpe militar y de la represión subsiguiente. En efecto, las personas cuyos restos se han exhumado no son mención y símbolo sino los autores mismos de las tropelías –el golpe y la represión- y fueron enterrados en ese lugar y con esa pompa para ensalzar su memora y sus acciones, que es lo que la ley de memoria histórica quiere evitar. La exhumación se hizo precisamente porque los enterramientos honoríficos son incompatibles con cualquier otro uso que se quiera dar edificio, incluida su posible demolición. ¿Tan difícil es de entender?
El afán de posesión en la derecha española es insaciable. El sentido patrimonial de los intereses privados se extiende vorazmente al terreno de lo público y no solo poseen el capital sino también creen que es parte de su patrimonio el gobierno, la historia y los mismísimos cementerios. Unos al mausoleo, otros a la cuneta; cada uno en su casa y dios en la de todos. Los herederos de Franco advierten que la exhumación de los restos del abuelo-una operación infinitamente más indolora que el desahucio de un jubilado de pensión mínima- es una profanación (sic). El franquismo fue una patrimonialización del país a beneficio de quienes se lo repartieron como botín de guerra y los monumentos a los caídos no son más que los templos de esta religión faraónica. Cuesta creer que estos armatostes puedan tener algún día otra función, y menos que ninguna la de lugar de la memoria.