En las elecciones presidenciales norteamericanas de mil novecientos ochenta y ocho, el candidato demócrata Michael Dukakis fue preguntado en un programa de televisión si aplicaría la pena de muerte contra un delincuente que violase y asesinase a su esposa, a lo que respondió que existen mejores métodos para acabar con la violencia. Si hubiera existido internet, Dukakis habría recibido un mensaje de tuiter como el que recibió ayer don Sánchez del padre de una muchacha asesinada en los términos de la pregunta: no eres más tonto porque no puedes. En efecto, Dukakis perdió aquellas elecciones presidenciales que ganó Bush Senior. Luego vino la guerra del Golfo y una procesión de políticas conservadoras y desastrosas, con matanzas que aún no han terminado, y que tuvieron su cénit en el contubernio de las Azores promovido por Bush Junior y en el que participó -encantado porque le dejaron poner los pies encima de la mesa con sus zapatos nuevos- don Aznar El que Vuelve Ahora. En este ciclo histórico hubo un presidente demócrata, Clinton, que obvió la cuestión que había arruinado la carrera de Dukakis y la pena de muerte ha permanecido en el código penal de treinta y dos estados de la unión, con los resultados sabidos en la incidencia de delitos violentos.
También la prisión permanente revisable llega para quedarse en nuestro código penal. Don Sánchez no va a meterse en el jardín de su derogación y para ello se cubrirá con el cubileteo semántico alrededor de la palabra revisable, que va a ser la materia del dictamen del tribunal constitucional. A la postre, qué importa que un puñado de individuos se pudran en la cárcel. No, desde luego, el tipo acusado de la violación y asesinato de la maestra, que ha provocado este retorno del debate, porque mientras estuvo en prisión fue un preso manso y laborioso, recompensado con sucesivos permisos. El código penal es el instrumento preferido de la derecha para afrontar las crisis, que ahora mismo se acumulan: crisis económica, política, institucional, etcétera. El objetivo es recortar los derechos civiles después de que se hayan recortado los derechos materiales. Si la trituradora del sistema expulsa a más y más individuos, ¿quién espera reinsertarlos? Mejor el olvido, y ¿qué lugar más eficiente para este fin que la prisión permanente o, en su caso, la expulsión allende de la frontera, como se propone para presuntos delincuentes como los refugiados e inmigrantes? La aplicación de esta amenazadora herramienta no es sistemática sino tentativa y, como gusta decir ahora, proporcional. Empezaron con la ley mordaza, que no ha funcionado como se esperaba, no sin descalabrar antes la fama, la libertad y el bolsillo de los que han caído bajo su peso. Ocurrirá lo mismo con la pepeerre, y por ahí seguido. Aún les que queda un buen trecho en este camino punitivo hasta la pena de muerte y su correlativo permiso de armas para los ciudadanos honrados, como don Abascal, que ya lleva una en el bolsillo para dar ejemplo.