El principio de separación de poderes que opera, o debe operar, en los regímenes de democracia liberal tiene un sospechoso habitual: el poder ejecutivo, que controla al legislativo a través de la mayoría parlamentaria (militarizada, si es de un solo partido) y por sus intromisiones en el poder judicial mediante nombramientos de jueces amigos y otras triquiñuelas. Esta promiscuidad de los tres poderes en la que el ejecutivo oficia de hermano mayor es motivo de infatigables debates, y ahora mismo en este país es objeto de una hipócrita campaña coordinada en defensa de la liberad, nada menos. Pero ¿qué ocurre cuando es el poder judicial el que hace oposición al ejecutivo ante la flaqueza e inoperancia de la oposición parlamentaria?, ¿qué ocurre cuando los jueces en formación de combate corporativo se enfrentan al gobierno en las tareas que son constitucionalmente propias de este?
El poder judicial está formado por seres humanos, demasiado humanos, que diría el otro, y hemos de acostumbrarnos a que las sentencias y resoluciones judiciales estén contaminadas por los sesgos, arbitrios y manías de los togados de las formulan. Un mal día lo tiene cualquiera y puedes acabar en prisión porque el juez de turno no ha digerido aún la resaca de la noche anterior. Estos incidentes forman parte del paisaje ordinario de las democracias y hay que contar con ellos; para ponerles remedio están las laberínticas y no menos azarosas vías del recurso a instancia superior. Pero es de todo punto insólito que el órgano de gobierno de los jueces y asociaciones de jueces y magistrados se hayan manifestado contra la ley de amnistía antes incluso de que fuera presentada la proposición del ley en el parlamento. Es lo que podría llamarse una oposición por principio, o dicho en romance, por mis huevos morenos. ¿Qué clase de justicia puede esperar el que invoque una ley que ha movilizado a ciegas al que ha de juzgar sus efectos? La ceguera que se presupone a la justicia, ¿incluye el privilegio de aplicarla sin que se haya leído siquiera el texto legal en que debe basarse su ejercicio?
En España reina un leve tufo a golpe de estado. Demasiadas fuerzas muy poderosas, demasiado unánimes para ser tan variopintas y demasiado ostentosas cuando por oficio debían ser discretas en contra del gobierno. El ciudadano corriente tiene motivos para sentir la mosca detrás de la oreja, ya sea que le agrade o le irrite oír su zumbido. El último servicio que rindió Alejo Vidal-Quadras a la patria fue su inmediata declaración de que los autores del atentado del que fue víctima no son los que asesinaron a Calvo Sotelo en julio de 1936, cuando esta posibilidad ya se había desperezado en las redes. Los datos objetivos tienden a desestimar esta aterradora posibilidad pero estamos en una época distópica, así que ojo. En la calle hay demasiados dizque liberales transmutados en reaccionarios activos y gritones, no pocos de ellos lo bastante viejos como para exigirles que sepan lo que están haciendo.
La cúpula del poder judicial está politizada por una prolongada práctica del bipartidismo. Su función principal ha sido garantizar la estabilidad del sistema. En este marco, los indultos y amnistías decretados por el gobierno de turno pasaban el trámite como el rayo de sol atraviesa el cristal. Este equilibrio de fuerzas en el parlamento se ha roto por voluntad de la ciudadanía, manifestada democráticamente en las urnas, y el poder judicial acomodado en sus poltronas por una larga y sostenida rutina de los partidos del bipartidismo ha perdido el norte hasta el temerario punto de atrincherarse contra el explícito mandato constitucional y manifestarse contra el gobierno, del que por primera vez en cuarenta y cinco años de democracia hay que recordar que es legítimo y constitucional.
Toda manifestación pública tiene algo de recreo y una intención preventiva. Salir a la calle detrás de una pancarta es exultante y produce una sensación –la mayor parte de las veces falsa- de fuerza y advertencia. En esta guisa, los jueces embutidos en sus togas resultan en primer término ridículos pero, si se medita un poco, son sobre todo inquietantes. Hasta el acto más antijurídico imaginable, como puede ser un golpe de estado, necesita jueces que firmen el papel que lo legitima.