La doctrina Trump para interpretar la realidad ha llegado al tribunal supremo español. No es una doctrina original y tampoco lo es su aplicación en los tribunales pues ya se sirvieron de ella el juez Freissler y el fiscal Vishinski en sendas ocasiones pretéritas y famosas. Pero desde entonces estaba en desuso, incluso proscrita, al menos en la justicia de los países democráticos. Como es sabido, esta doctrina se basa en el principio de que los hechos y las opiniones son intercambiables a gusto del que manda.
Veamos un ejemplo de apariencia inocua: un ignoto futbolista de nombre Poves afirma lo siguiente, hasta que no me enseñen cómo se curva el agua, la Tierra es plana, y subraya esta convicción calificando de pringaos a los que no la comparten. Pringao es el colofón del discurso trumpista (ahora mismo están en esa categoría, canadienses, mexicanos, groenlandeses y panameños, por lo menos) para subrayar la autoridad del que hace la afirmación, aunque en el caso del futbolista la autoridad está constituida en una cuenta de las redes sociales en la que confluyen pringaos de toda clase. Otro ejemplo algo menos inocuo porque puede terminar en los libros escolares y tener consecuencias en el boletín oficial es la afirmación de la lideresa neonazi alemana, frau Weidel, que en desenfadada conversación con su cuate míster Musk afirmó que Hitler era comunista.
Ambos ejemplos reflejan la cancerosa devastación que la doctrina Trump (treinta mil mentiras detectadas durante su primer mandato presidencial, 2017-2021) ha inoculado en la opinión pública. Los sectores democráticos de la sociedad, que aún son mayoría, o eso creemos, están entre espantados y perplejos, y ya se han instituido organizaciones para hacer frente y desmontar estas trolas piadosamente llamadas fake news con un gasto incalculable de energía raciocinante porque para desmontar la bobada del futbolista Poves hay que remontarse a la astronomía de los caldeos y para hacerlo con la neonazi Weider hay que sumergirse en las profundidades insondables del alma alemana, donde reina Heidegger.
Los periodistas en especial están empeñados en esta ciclópea tarea en la que les va la razón misma de su oficio. Opinions are free but facts are sacred, dice la máxima que se aprende el primer día de clase en la facultad. Pero ¿qué pasa cuando es un juez en el ejercicio de sus funciones el que incurre en la confusión entre hechos y opiniones? Aunque bien podría decirse que es un riesgo profesional porque el oficio judicial consiste, de ida, en convertir hechos presentados ante el tribunal en opiniones sobre la culpabilidad o inocencia del reo y, de vuelta, sentencia mediante, esas opiniones se convierten en hechos punibles o no. En este trasiego de hechos y opiniones el juez puede, por economía procesal, descartar a su albedrío algunos hechos como meras opiniones y así llega antes a su objetivo.
El caso que pastorea el juez don Hurtado, del tribunal supremo, reviste cierto sibaritismo judicial porque consiste en empapelar al fiscal general del estado, don García Ortiz, a denuncia de un defraudador de hacienda, don García Amador, pareja de doña Ayuso por mayor notoriedad, que cree vulnerada la presunción de inocencia a la que tiene derecho por la filtración de ciertos mensajes a la prensa que atribuye al fiscal general. El quid es que la materia del presunto delito ya había sido objeto de filtraciones a la prensa por el edecán de doña Ayuso en el gobierno de Madrid, lo que hace que el caso sea más pintoresco, si cabe. Defraudar a hacienda y cargarte al fiscal general del estado en la misma tocada es uno de esos hitos que solo puede darse en países de justicia recreativa donde recibe el nombre coloquial de p’alante. En este marco conceptual, el juez don Hurtado ha decidido desestimar como opiniones las pruebas factuales aportadas por los periodistas que se hicieron eco de la noticia y que testimonian a favor del denunciado y desmontan la pretensión de denunciante. Esta invalidación de informaciones periodísticas sobre hechos probados la explica el juez impecablemente, no es fácil entender que se pretenda con ellas variar un criterio judicial razonablemente expuesto. Dicho en romance, no me vengan con leches que yo ya sé lo que tengo que hacer.
Desde el sitial de su independencia, este juez ha prestado a lo largo de su carrera algunos servicios al partido conservador y actúa como un eficiente seguidor de la celebrada consigna el que pueda hacer que haga contra el gobierno progre y sus derivaciones. La tierra es plana y el fiscal general del estado es un pringao culpable. Tira p’alante.