Para los que no pertenecen (no pertenecemos) a la parroquia, no hay acto público más tedioso y prescindible que un congreso partidario. Esta clase de eventos están dirigidos a los reunidos, no a los espectadores externos cuya curiosidad se intenta contentar con unas pocas imágenes de cierta euforia ritual y algún mensaje de interés general, que podría emitirse en ese o en cualquier otro momento. En este caso, el mensaje ha sido la promesa de creación de una empresa pública para la construcción de vivienda. La carestía de habitación se ha convertido en el problema central del malestar ciudadano. Una suerte de muro de contención del bienestar y del progreso material del común y la palanca que podría activar la caída del gobierno. Pero la carestía de la vivienda no es un hecho que no se hubiera detectado y diagnosticado desde muchos meses atrás, y las facilidades o dificultades para la puesta en marcha de una medida como la prometida ahora son las mismas que ya había cuando se detectó. He aquí un ejemplo de cómo la política y la realidad van por caminos separados, con la desafección consiguiente de la ciudadanía, de consecuencias imprevisibles.
Pero el congreso que ha celebrado el pesoe este fin de semana no versaba sobre la vivienda ni sobre nada de lo que interesa a la gente, como dice el tópico, sino de apretar las filas ante un asedio coordinado -político, mediático y judicial- para acabar con el presidente del gobierno legítimo. Este adjetivo es pertinente porque la gran derecha dictaminó que el gobierno de don Sánchez era ilegítimo desde que se formó hace seis años, y desde esa fecha no le ha concedido ni un minuto de tregua, a pesar de las circunstancias externas, azarosas y aciagas, que han jalonado este periodo. Cada una de las tres fuerzas que conspiran y accionan contra don Sánchez tiene sus propios motivos. La derecha política no le perdona que accediera al gobierno por una moción de censura y que consiguiera un amplio y variopinto apoyo de fuerzas parlamentarias en equilibrio inestable pero por ahora sostenido. La brunete mediática, como definió el dirigente vasco don Xabier Arzalluz al conglomerado de prensa, radio y televisión anidado en la capital del estado, sigue a lo suyo desde que el sindicato del crimen empujó a la caída de don Felipe González, allá por los años noventa.
La novedad de este frente amplio de haters del gobierno de izquierda es la incorporación de una brigadilla de jueces absortos en un cerco al presidente a través de investigaciones judiciales a su esposa y hermano, a los que habría que añadir al fiscal general de estado (un personaje siempre en el punto de mira de la oposición porque es de libre designación del presidente del ejecutivo). Son estos jueces, instados por desenfadadas denuncias de un grupo ultraderechista, los que figuran a la vanguardia del operativo y pueden garantizar que alcance su objetivo. No debe esperarse que la judicatura, espesamente conservadora, cuando no reaccionaria, simpatice con un gobierno de izquierda y menos si está apoyado por feministas, separatistas, comunistas y demás plebeyos de vario pelaje, pero en esta circunstancia hay un dato añadido que agudiza la inquina. El gobierno de don Mariano Rajoy, un gandul político de categoría, dejó en manos del poder judicial la solución del prusés, que la convirtió en una especie de ajuste de cuentas con el código penal en la mano. Don Sánchez, secundado por la constelación de fuerzas que apoyó su investidura, se atrevió a revertir esta situación con modificaciones en el código penal y, sobre todo, con la ley de amnistía. Los jueces sintieron estas iniciativas como una afrenta. No importa que este conjunto de medidas haya aplacado el problema catalán y extinguido la energía que alimentó el independentismo, restaurando una normalidad de la que se beneficiará la derecha cuando los neocarlistas de junts recuperen el interés por sus verdaderos intereses. En otras circunstancias, el trabajo político de don Sánchez hubiera merecido un título nobiliario pero eso significaría infravalorar la irracionalidad de la derecha española, que, a falta de nadie mejor, está dirigida por un ser invertebrado como don Feijóo (no hace falta ver más lo que se le ha ocurrido para contraprogramar al congreso socialista).
El capital político acumulado no remedia sin embargo la debilidad objetiva del pesoe, que se ve en estado de sitio. Ni la situación económica, ni los éxitos políticos internos y en Europa, ni la casi total ausencia de errores durante un periodo infernal jalonado por la pandemia, las guerras de Ucrania y Gaza, la dana de Valencia y demás incidentes de menor entidad, justifican el desánimo, pero por alguna razón este parece manifiesto. El congreso, en vez de exorcizarlo, diríase que lo ha hecho más evidente, como si aún pesara sobre el colectivo el melancólico apagón de cinco días que el líder se concedió a sí mismo siete meses atrás.